• El 17 de julio, la Comisión Europea presentó el Plan de Acción para la Electrificación, el paquete con el que pretende situar a la industria, el transporte y los edificios europeos en la senda de la electricidad como alternativa principal a los combustibles fósiles.

  • «Hoy proponemos convertir a Europa en el primer continente electroalimentado del mundo», Ursula von der Leyen.

  • Un análisis riguroso exige plantear preguntas incómodas sobre la viabilidad técnica y operativa de este cambio de paradigma a pie de fábrica.

  • La aceleración legislativa impulsada desde Bruselas para actualizar las redes es una buena noticia, pero choca de frente con la saturación real sobre el terreno. 

  • Convertir a Europa en un referente electroalimentado reduce la vulnerabilidad geopolítica y refuerza la autonomía energética. Pero la competitividad real exige que el suministro sea limpio, predecible, abundante y económicamente viable.

24 de julio de 2026.

«Hoy proponemos convertir a Europa en el primer continente electroalimentado del mundo». Con esta frase, Ursula von der Leyen presentaba el pasado 17 de julio el Plan de Acción para la Electrificación, el paquete con el que la Comisión Europea quiere sacar a la industria, el transporte y los edificios de su dependencia del petróleo y el gas de una vez por todas.

El punto de partida no es precisamente alentador. Según Bruselas, el 70 % de la electricidad que se genera en la UE ya procede de fuentes limpias, pero la electrificación real de la demanda energética lleva diez años estancada en el 23 %. Es decir: producimos electricidad verde, pero seguimos calentando, moviendo y fabricando con combustibles importados. Esa dependencia, recuerda la Comisión, ha encarecido la factura energética de hogares y empresas cada vez que ha habido un sobresalto geopolítico, y ha restado competitividad a la industria europea.

Para revertirlo, Bruselas se marca un objetivo indicativo del 46 % de electrificación en 2040, una meta que, de cumplirse, recortaría en 260.000 millones de euros anuales la factura de importación de combustibles fósiles. El plan viene acompañado de una revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), que suaviza la senda de reducción de derechos para 2031-2040 y crea un Banco de Descarbonización Industrial dotado con 100.000 millones de euros.

Lo que el plan hace bien

Hay motivos para el optimismo. La propuesta afronta directamente uno de los grandes frenos de la transición: el precio. La electricidad cuesta hoy hasta tres veces más que el gas en buena parte de Europa, y mientras eso no cambie, ni las bombas de calor ni el coche eléctrico ni la industria electrificada tendrán un argumento económico sólido frente a las alternativas fósiles. La propuesta de facturas eléctricas «preparadas para el futuro» apunta en la dirección correcta: rebajar tarifas de red, ajustar la fiscalidad y desplegar contadores inteligentes.

También es de agradecer que el dinero del RCDE se quede en casa. Exigir a los Estados miembros que reinviertan el 50 % de sus ingresos nacionales en descarbonización industrial, y mantener la asignación gratuita ligada a inversiones reales, traduce un principio que en el FIE llevamos tiempo defendiendo: las contribuciones de la industria deben volver a la industria, no perderse en otro capítulo del presupuesto.

Sin embargo, un análisis riguroso exige plantear preguntas incómodas sobre la viabilidad técnica y operativa de este cambio de paradigma a pie de fábrica.

¿Qué hacemos con los procesos donde el electrón no llega?

El primer interrogante surge al contemplar la heterogeneidad de nuestro tejido industrial. Sustituir calderas convencionales por bombas de calor o electrificar flotas residenciales y comerciales responde a una lógica directa. Sin embargo, en sectores intensivos como la siderurgia, la cerámica, el cemento o la química básica, las altísimas temperaturas y la naturaleza química de las operaciones impiden que la electricidad sea una alternativa viable en el corto o medio plazo.

No podemos permitirnos una política industrial a dos velocidades que penalice o deje rezagadas a estas actividades estratégicas. Como señalábamos hace un año en el marco de Net Zero Tech 2025, la transición de estos sectores requiere una cesta de soluciones más amplia y pragmática, donde los gases renovables, la captura de carbono y la eficiencia térmica jueguen un papel tan determinante como el vector eléctrico.

No basta con enchufar la demanda si la red no acompaña

El segundo gran reto reside en la infraestructura física de distribución. De nada sirve incentivar la compra de maquinaria eléctrica o abaratar el término  de energía si las instalaciones industriales no pueden enchufarse a la red en plazos razonables. Las esperas de años para conseguir un punto de conexión han pasado de ser un contratiempo burocrático a convertirse en un obstáculo estructural para la inversión.

La advertencia que lanzamos hace unas semanas mantiene toda su vigencia: El futuro puede estar enchufado, pero solo si primero lo hacemos conectable. La aceleración legislativa impulsada desde Bruselas para actualizar las redes es una buena noticia, pero choca de frente con la saturación real sobre el terreno. Cabe recordar que nuestro análisis del mapa de distribución de marzo de este año reflejaba una realidad insostenible: prácticamente nueve de cada diez subestaciones eléctricas ya no tienen capacidad disponible. Sin una inversión inmediata y masiva en transformación y transporte, el plan corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.

Un equilibrio necesario entre ambición y ejecución

Convertir a Europa en un referente electroalimentado es un objetivo deseable para reducir la vulnerabilidad geopolítica y ganar autonomía energética. No obstante, garantizar la competitividad real de las empresas requiere asegurar que el suministro eléctrico sea además de limpio, predecible, abundante y económicamente viable. La gestión energética de la industria no puede sustentarse sobre promesas de red futuras, sino sobre certidumbres operativas en el presente.