La industria debe aprovechar la gravedad del momento para demandar transparencia y agilidad en la ejecución de la inversión ya prevista para la red de transporte. Su gestión energética no puede limitarse al ahorro, sino que debe evolucionar hacia una estrategia de liderazgo técnico, demandando marcos estables que permitan su participación activa y segura en la estabilidad del sistema. Es el único camino para convertir la amenaza de un nuevo apagón en la oportunidad de afianzar su futuro energético y competitivo.

10 de octubre de 2025

La crisis eléctrica que comenzó con el apagón del 28 de abril de 2025 ha experimentado una escalada dramática. Lo que en un inicio fue un evento técnico complejo bajo análisis, se ha convertido, tras el reciente y insólito SOS de Red Eléctrica (REE) a la CNMC, en una preocupación operativa inminente. Esta advertencia, que reconoce abiertamente el riesgo de nuevos apagones por problemas persistentes en el control de tensión, no solo valida muchas de las inquietudes planteadas por el sector industrial, sino que exige una reevaluación urgente y profunda de la gestión energética a nivel corporativo.

El posicionamiento inicial del Foro Industria y Energía (FIE), emitido tras el primer informe del Gobierno, puso el foco en el daño que la incertidumbre, la opacidad y la multiplicidad de diagnósticos causaban a la inversión. Hoy, al panorama se le suma una capa de complejidad: la incertidumbre regulatoria se ha transformado en inestabilidad operativa reconocida, obligando al sector a pasar de la cautela a la acción con una celeridad forzosa.

La evolución de la crisis

El FIE fue crítico con la falta de una explicación única y contundente, lamentando que la «coexistencia de múltiples informes» sembrara desconfianza. Esta crítica ha encontrado su dolorosa confirmación en la alerta de REE. Ya no hablamos de un evento pasado; la crisis se ha reactivado en las últimas semanas con «variaciones bruscas de tensión» que hacen temer una repetición del desastre.

El problema subyacente, por lo tanto, parece seguir activo y sin solución estructural a la vista. Desde la perspectiva del FIE, el operador del sistema se enfrenta ahora a las consecuencias de un camino no transitado a tiempo: la gestión energética no puede permitirse que la corrección de fallos técnicos dependa de modificaciones regulatorias que venían siendo necesarias desde hace años. La lentitud en la toma de decisiones no solo obstaculizó la inversión en su momento, sino que, en el presente, compromete la propia seguridad del suministro.

La crítica se agudiza al observar la respuesta actual. La celeridad con la que la CNMC ha lanzado medidas excepcionales y temporales, con un plazo de alegaciones de solo cinco días, es la prueba más fehaciente de la gravedad de la situación. Esta acción «in extremis» es un reconocimiento implícito de que se ha actuado tarde. La urgencia y la temporalidad de las medidas demuestran que, a pesar de los informes y las advertencias previas, el sistema no ha logrado corregir la falla estructural en el control de tensión en los meses transcurridos desde el apagón.

Sin embargo, hay un punto de apreciación en esta nueva fase: a diferencia de la opacidad inicial del 28 de abril, REE ha lanzado un SOS público y explícito. Esta transparencia, aunque forzada, al menos obliga a los reguladores a actuar y pone a todos los actores sobre aviso de que el sistema está operando en el límite.

Implicaciones críticas para la gestión energética de la industria

Para la industria, esta alerta es una señal inequívoca de que su gestión energética ya no puede centrarse únicamente en la optimización de costes, sino que debe pivotar hacia una estrategia que priorice la resiliencia, la calidad técnica y la participación activa en la estabilidad del sistema.

La resiliencia propia como requisito de supervivencia

La inestabilidad reconocida del sistema obliga a la industria a asumir que la red de transporte ya no es un socio totalmente fiable. Las inversiones en autoconsumo y almacenamiento dejan de ser meras herramientas de eficiencia para convertirse en aliados para asegurar el suministro. El sector industrial podría percibir la necesidad de acelerar sus planes para dotarse de una capacidad de respuesta propia, buscando capear las oscilaciones de tensión que el sistema central no logra amortiguar. Este paso hacia la autosuficiencia operativa se erige como una medida de protección necesaria ante la compleja situación actual.

El coste oculto del incumplimiento regulatorio

El endurecimiento de las normas, especialmente en el Servicio de Control de Tensión (PO 7.4), genera dos efectos inmediatos. En primer lugar, se aumenta el riesgo regulatorio y técnico para cualquier inversión futura en generación distribuida o autoconsumo. La industria se enfrentará a requisitos de cumplimiento más estrictos y penalizaciones más duras. La inversión en equipos deberá superar los requisitos mínimos, y la digitalización para la monitorización en tiempo real pasará de ser una opción de optimización a una obligación de cumplimiento técnico indispensable.

Adicionalmente, los operadores ya han señalado que el endurecimiento de condiciones puede impactar en la oferta efectiva y elevar los costes trasladados a la demanda. La industria debe prepararse para un posible encarecimiento indirecto de la energía que provenga de los sobrecostes de la operación de seguridad y las restricciones técnicas, un factor de incertidumbre que el FIE ya había temido.

La oportunidad de la flexibilidad monetizada

A pesar de las amenazas, la crisis acelera la gran oportunidad señalada por el FIE: la monetización de la flexibilidad. El concepto de monetizar la flexibilidad implica que la industria, históricamente un actor pasivo, puede empezar a generar ingresos al poner sus capacidades de ajuste a disposición del sistema. Cuando la red necesite estabilizar la tensión o la frecuencia -servicios auxiliares-, la industria puede modular su consumo, utilizar su almacenamiento o su generación bajo demanda. Esta capacidad de respuesta rápida y controlada se convierte en un activo valioso, por el cual el operador del sistema o los agregadores están dispuestos a pagar. De esta forma, las inversiones industriales en equipos de almacenamiento o sistemas de gestión de la demanda se transforman en una nueva línea de negocio, proporcionando una vía para compensar los sobrecostes del sistema y, al mismo tiempo, mejorar la resiliencia interna de la empresa.

La participación proactiva de la industria como eje de la solución  

La crisis ha puesto de manifiesto que el reto de la descarbonización en España no es solamente la tecnología, sino la integración técnica y regulatoria de todos los actores. La industria ya no puede permitirse ser un actor pasivo. El FIE lamentaba que la incertidumbre «mata a la industria»; hoy, la inestabilidad exige que la industria se convierta en un agente de estabilidad.

La industria debe aprovechar la gravedad del momento para demandar transparencia y agilidad en la ejecución de la inversión ya prevista para la red de transporte. Su gestión energética no puede limitarse al ahorro, sino que debe evolucionar hacia una estrategia de liderazgo técnico, demandando marcos estables que permitan su participación activa y segura en la estabilidad del sistema. Es el único camino para convertir la amenaza de un nuevo apagón en la oportunidad de afianzar su futuro energético y competitivo.