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Habrá que seguir de cerca cómo la gestión energética influirá en los próximos ciclos electorales en Extremadura, Andalucía y Castilla y León.
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La gestión energética, que antes era cosa de despachos, hoy está presente en los programas de los partidos políticos y en lo que la ciudadanía interpreta como ‘lo que me afecta’.
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No se ganan elecciones por prometer buena política energética, pero sí se pueden perder si la energía se cruza mal con la ciudadanía o el territorio: liderar el mensaje sobre la energía puede reforzar la narrativa de un partido; descuidarla, puede convertirse en un factor de desgaste electoral.
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Lo que antes era ‘cómo gestionamos los kilovatios’ se convierte en ‘cómo generamos empleo, cuidamos el territorio y atraemos industria.
14 de noviembre de 2025
La gestión energética ha dejado de ser un asunto puramente técnico y se ha convertido en una palanca política: lo que antes era cosa de despachos hoy está presente en los programas de los partidos políticos, en las líneas de campaña y, sobre todo, en lo que la ciudadanía interpreta como “lo que me afecta”.
Hace unas semanas apuntábamos el papel relevante de la gestión energética en la campaña autonómica de Extremadura, donde la continuidad de la central de Almaraz y la reducción de la ecotasa se están convirtiendo en argumentos electorales y ya dan señales de que kilovatios y emisiones pueden influir, indirectamente, pero con fuerza, en las urnas.
Ahora, con la previsión de las próximas elecciones autonómicas en Andalucía y Castilla y León, conviene preguntarse hasta qué punto la gestión energética seguirá jugando un papel transversal en los procesos electorales.
¿Por qué la gestión energética importa para ganar o perder elecciones?
La política energética puede no ser el primer tema que viene a la mente de un elector al decidir su voto, pero actúa como un elemento transversal que conecta con otras cuestiones clave: empleo, economía local, atracción de empresas, gestión del territorio y vulnerabilidad frente a precios o interrupciones. Una gestión bien comunicada refuerza mensajes que los ciudadanos comprenden y valoran, mientras que una gestión poco visible o controvertida puede erosionar la confianza y abrir grietas en el discurso político. No se ganan unas elecciones por prometer buena política energética, pero sí se pueden perder si la energía se cruza mal con la ciudadanía o el territorio.
Un ejemplo claro de esta cuestión es la irrupción de las plantas de biogás. Aunque son clave para la descarbonización y la valorización de residuos agrícolas y ganaderos, su implantación provoca notable oposición vecinal en muchos municipios rurales por el impacto logístico, molestias olfativas y percepción de riesgos ambientales no deseados. Este conflicto territorial obliga a los partidos a tomar decisiones políticas visibles: posicionarse a favor de la tecnología y la inversión, afrontando tensiones con vecinos y asociaciones locales, o alinearse con la oposición vecinal, lo que podría interpretarse como una ralentización de la transición energética. Este pulso podría convertir al biometano en un vector de debate electoral, obligando a los líderes a justificar tanto el “dónde” como el “cómo” de la transición energética.
La energía adquiere dimensión política porque impacta simultáneamente en varias dimensiones: el empleo y la actividad industrial, la aceptación social de los proyectos en los territorios donde se ejecutan, la competitividad de las empresas locales y la percepción sobre costes y calidad del suministro. Aunque técnica, sus decisiones afectan directamente a la vida de las personas y a la imagen de quienes gobiernan. Liderarla con acierto puede reforzar la narrativa de un partido; descuidarla, puede convertirse en un factor de desgaste electoral.
Andalucía entre olivos y megavatios: territorio en disputa
En Andalucía, la tensión se traslada del contador al olivar. La transición energética se cruza con el paisaje, el empleo agrícola y la identidad territorial. La región ha elevado sus ambiciones en materia de renovables. Su Estrategia Energética de Andalucía 2030 fija metas más exigentes para la contribución renovable, eficiencia energética e industria. Pero el proceso de instalación de grandes plantas solares en zonas de olivar -muy sensibles desde el punto de vista del empleo, la identidad rural y el paisaje- genera fricciones sociales que se trasladan al debate público.
Ese cruce entre energía, territorio y tradición puede convertir a la gestión energética en un asunto de campaña. Los partidos no solo hablan de megavatios; hablan de qué modelo de desarrollo quieren para esos territorios, qué pasa con el empleo agrícola, qué pasa con las comunidades locales, y todo ello se convierte en argumento político. De cara a las elecciones previstas en 2026, estos debates sobre olivar solar, territorio y empleo agrícola serán claves, aunque la palabra “energía” no sea la única que aparezca en campaña.
De despoblada a referente: Castilla y León y su impulso energético
En Castilla y León, la energía renovable ya dejó de ser solo promesa: es parte de la competitividad regional, y eso se puede traducir en discurso electoral. En cifras absolutas, Castilla y León fue la región líder en producción verde en 2024, y además la comunidad alcanzó el mayor porcentaje de energía renovable sobre su generación total, con un 92,8 %, según el informe de potencia y generación de 2024 elaborado por Opina 360. Para la industria, para la atracción de inversiones y para el empleo en zonas menos densamente pobladas, esto es una carta de presentación fuerte.
En un proceso electoral, esta narrativa toca directamente lo que muchas empresas e industrias buscan: estabilidad del suministro, costes previsibles e imagen de futuro. Así, aunque la gestión energética no sea el tema estrella para todos los electores, para actores clave en el territorio y la industria regional sí lo es. De cara a las elecciones de 2026, la energía puede reforzar la narrativa de “región competitiva y de futuro” que los partidos podrían querer vehicular.
¿Qué nos depara la gestión energética en el próximo ciclo electoral?
No es exagerado afirmar que la gestión energética ha ingresado en la arena política con todos los atributos de un juego electoral. Esa transición, de técnica a política, tiene implicaciones profundas para la industria, para las regiones y para los partidos que aspiran a gobernar. Lo que antes era “cómo gestionamos los kilovatios” ahora es “cómo generamos empleo, cómo cuidamos el territorio, cómo atraemos industria”.
En ese cruce, la gestión energética ya no es un asunto de expertos únicamente: es también un asunto de ciudadanos, de electores, de territorios. En el próximo ciclo autonómico, con elecciones previstas en Extremadura, Andalucía y Castilla y León, veremos cómo este nuevo estándar se despliega en programas, debates y urnas. Y como siempre, la industria estará observando, porque lo que está en juego es su competitividad, su coste energético y su futuro.