Comunicado

Tras el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y Comisaria de Competencia, España ha presentado esta semana en Bruselas el nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), una herramienta imprescindible para la reindustrialización descarbonizada de la economía española. El plan establece una serie de ambiciosos objetivos, los cuales, según el análisis del Foro Industria y Energía, no podrán alcanzarse sin un redimensionamiento de las redes de transporte de electricidad.

El PNIEC 2023-2030 plantea los siguientes objetivos generales para el horizonte 2030:

  • 32 % de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990 (un 11 % más que lo propuesto en los objetivos del PNIEC 2021), lo que se traduce también en una reducción de emisiones del 55 % respecto a
  • 48 % de renovables sobre el uso final de la energía (un 6 % más respecto al PNIEC 2021).
  • 43 % de mejora de la eficiencia energética (un 1,3 % más respecto al PNIEC 2021).
  • 81 % de energía renovable en la generación eléctrica (un 7 % más respecto al PNIEC 2021).
  • Reducción de la dependencia energética hasta un 50 % (un 11 % menos de dependencia respecto al PNIEC 2021).

Entre todos estos objetivos, es especialmente dependiente del desarrollo de las redes el de alcanzar el 81% de energía renovable en la generación eléctrica. Este objetivo plantea un incremento de la demanda eléctrica respecto a 2019 que pasa de la previsión del 5% más recogida en el PNIEC-21 al incremento del 34% del PNIEC-23, hasta situarse en 358 TWh.

Varios expertos ya han destacado esta necesidad de redimensionar las redes en los distintos encuentros del FIE.

Nuevo Plan de Transporte de Energía Eléctrica

Falta por conocer hacia dónde se orientará ese posible redimensionamiento de la Red en el nuevo Plan de Transporte de Energía Eléctrica con un horizonte 2025-2030, que deberá tener en cuenta el escenario de la actualización del PNIEC, con metas muy ambiciosas de renovables, producción de hidrógeno o almacenamiento.

El Plan, que se encuentra en fase de estudios hasta el 1 de octubre de 2024, es clave para que el PNIEC pueda ser una realidad. Y que lo sea es de suma importancia ya que permitiría atender las nuevas demandas para descarbonizar la economía, acelerar la producción de nuevas energías renovables y desarrollar una nueva cadena de valor industrial. Los expertos del FIE recuerdan que la planificación energética tiene que atender a los objetivos del PNIEC, pero sin olvidar la oferta y la demanda actual de energía eléctrica para asegurar la competitividad de la industria.

A la cuestión de las redes hay que sumarle la concreción de las competencias del nuevo regulador energético, la Comisión Nacional de la Energía, que, tras pasar por el Consejo de Ministros esta misma semana, inicia su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

Llama la atención que el nuevo regulador dependerá del Ministerio de Transformación digital y no del MITECO. Los expertos del FIE plantean que la razón puede ser la necesidad de dar respuesta al incremento del consumo energético que conlleva la digitalización de la economía, que el informe de Mario Draghi ha situado entre las claves de futuro de la Unión Europea.

Inversiones necesarias

Los expertos del FIE señalan que cubrir ese incremento del 34% de la demanda eléctrica hasta los 358 TWh y alcanzar el objetivo del 81% de renovables en la generación de electricidad exige superar el actual déficit de infraestructuras de transporte de electricidad.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) sitúa el ratio normal de inversión en redes frente a la nueva capacidad renovable en 0,7 millones de euros por MW hasta 2030, mientras que en España actualmente ese ratio es solo de 0,45 millones de euros por MW.

En este sentido, para mantener la competitividad frente a otros países y asegurar la transición energética, según la Asociación Española de Data Center (SpainDC), España necesita una inversión acumulada en redes eléctricas de aproximadamente 53.000 millones de euros hasta 2030. La IEA recomienda duplicar la inversión hasta 2040 para cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro.