Comunicado
El pasado día 25, algunos medios de comunicación españoles, entre ellos El Mundo y El Economista, publicaban que el Ministerio de Teresa Ribera estaba trabajando en la elaboración de una norma cuyo objetivo sería “evitar el acaparamiento especulativo”, mediante el blindaje “del control estatal del despliegue de data centers y otras inversiones que impliquen un alto consumo de energía”, todo ello a través de un sistema de concursos de accesos. Ello permitiría al Gobierno, siempre según estos medios, “controlar la demanda eléctrica y redirigir la ubicación de los proyectos que se desarrollen en el país allí donde la disponibilidad de energía esté asegurada”.
Efectivamente el Real Decreto-ley 8/2023, en su artículo 20 bis prevé por primera vez la celebración de concursos para el otorgamiento de capacidad de acceso de demanda en cualquier nudo de la red de transporte con tensión igual o superior a 220 kV.
Y añade que los criterios, las condiciones para participar y el detalle del procedimiento de estos concursos serán regulados por orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Si bien desde el Miteco, en conversaciones con el FIE, rechazan la existencia de una norma específica para los concursos de acceso a la demanda de los Data-Center, el RDL8/23 se indica que los criterios que se emplearán para la adjudicación de capacidad deberán ser definidos en dicha orden, pero al menos incluirán criterios temporales referentes a la fecha de inicio del consumo de la instalación de demanda, compromisos de flexibilización del consumo y gestión de la demanda, mejora de la eficiencia energética, impacto socioeconómico, ambiental y territorial, encadenamientos productivos, solvencia técnica y económica del proyecto y de los promotores, criterios relativos al volumen de inversión y criterios relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por el proyecto para el que se solicita la capacidad de acceso de demanda.
Desde el FIE nos parece evidente es que una regulación restrictiva de este tipo vendría a consolidar una estrategia de gestión de la energía desde la oferta en lugar de desde la demanda. Es decir, priorizar la filosofía de que “tanta energía generamos, tanta energía consumimos” sobre el “tanta energía necesitamos, tanta energía generamos”.
Es obvio que deben establecerse unas reglas para gestionar la demanda de energía de la industria y, en concreto, la demanda de los centros de datos. La propia industria es la primera interesada en una regulación clara que evite la incertidumbre. Pero lo que no parece lógico es propagar a los cuatro vientos que la posición de España como generador de energía es un activo para la atracción de la industria y por otra limitar de manera extraordinaria el volumen de energía al que esas posibles industrias pueden acceder, ya sea de manera directa o, lo que es más importante, a través de las redes de transporte. Sin el desarrollo de esas redes, estas industrias, simplemente, decidirán ubicarse en otros lugares.