• Ninguna planta industrial se diseña, se financia ni se gestiona con el propósito de cobrar por estar parada.

  • La compensación del SRAD es necesaria, pero no puede convertirse una medida excepcional en algo habitual.

  • La industria puede y debe formar parte de la flexibilidad del sistema. Lo que no puede convertirse es en la misma flexibilidad del sistema.

  • ¿Hasta qué punto la compensación financiera liquida las pérdidas operativas reales de una fábrica?

  • Cobrar por desengancharse de la red puede maquillar la cuenta de resultados a corto plazo, pero no sustituye la razón de ser de la empresa

11 de septiembre de 2026.

El pasado 15 de julio, Red Eléctrica de España activó por primera vez en lo que va de año el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), es decir, la parada de la industria debida a la escasez de energía. Esta llamada a filas se ha repetido ya en seis ocasiones a lo largo del verano por tensiones puntuales en el sistema eléctrico peninsular, un ritmo que nunca se había dado desde que el mecanismo se puso en marcha.

El SRAD nació con el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, como un producto específico de balance pensado para situaciones excepcionales de escasez de reserva, cuando los servicios estándar ya en funcionamiento no bastan para cuadrar el sistema. Es, por tanto, un mecanismo voluntario y remunerado: para el segundo semestre de 2026 se han adjudicado 1.775 MW, con una retribución de 42,62 euros por MW y hora de disponibilidad, a la que se suma la remuneración de la energía efectivamente movilizada cuando se produce una activación.

Sin embargo, la recurrencia de estas llamadas en un intervalo de tiempo tan corto plantea un interrogante crítico para el tejido productivo: ¿hasta qué punto la compensación financiera liquida las pérdidas operativas reales de una fábrica y qué consecuencias tiene normalizar la interrupción de la demanda como herramienta habitual de balance del sistema?

El anzuelo del incentivo: la industria no nació para parar

Que se remunere a la industria por reducir su consumo está bien, faltaría más: es un servicio real, voluntario, que evita problemas mayores en el sistema. Si se exige a una instalación alterar su programación energética para salvar el equilibrio de la red, la remuneración debe ser justa, y lo es.

El debate empieza un paso más allá. Ninguna planta industrial se diseña, se financia ni se gestiona con el propósito de cobrar por estar parada: se construye para producir, para generar actividad económica, para mantener en marcha turnos, contratos y cadenas de suministro. El corazón de su competitividad reside en el volumen, la eficiencia, en la continuidad del proceso productivo y en el cumplimiento estricto de los compromisos comerciales adquiridos con clientes y proveedores.

Ahí es donde el planteamiento económico del SRAD, siendo legítimo, encierra una trampa conceptual: cobrar por desengancharse de la red puede maquillar la cuenta de resultados a corto plazo, pero no sustituye la razón de ser de la empresa. Cada hora de parada remunerada es, en el fondo, una hora de actividad económica que no se genera y de empleo productivo que no se sostiene con su propia lógica, sino con la de un incentivo pensado para el sistema eléctrico, no para la fábrica.

Una fábrica no es un interruptor

Ese incentivo diseñado para el sistema eléctrico se topa, en la práctica, con una realidad: una fábrica no es un interruptor doméstico. Cuando el operador llama a filas al SRAD, se desencadena una reacción en cadena donde los costes indirectos eclipsan con frecuencia la retribución recibida.

En procesos con alta inercia térmica —hornos de fusión de vidrio y cerámica, hornos de arco eléctrico en la siderurgia, cubas de electrólisis en el aluminio— apagar no es simplemente «cortar la corriente». Un enfriamiento no programado provoca fisuras en los materiales refractarios y desgastes prematuros en la maquinaria, y volver a alcanzar la temperatura nominal de trabajo exige largas horas de preparación. A esto se suma el peaje energético del reencendido: el consumo necesario para devolver un proceso a su régimen óptimo suele ser superior al del régimen estacionario. Paradójicamente, para ahorrar energía al sistema hoy, la fábrica puede tener que consumir un pico extraordinario mañana.

El ajuste tampoco se detiene en el horno: repercute en la logística, genera penalizaciones por retraso en las entregas y desordena los turnos de trabajo, mientras la mano de obra sigue computando en la estructura de costes con una productividad por hora que cae. Es un efecto cascada que a menudo se prolonga mucho más allá de las dos horas que dura la activación, y que mina la capacidad de la empresa para hacer frente a sus costes fijos: la electricidad, los salarios, los compromisos con sus clientes.

La compensación del SRAD remunera la disponibilidad y la energía movilizada. Es necesaria. Pero no convierte en gratuito el coste económico de interrumpir una actividad productiva. Por eso el precio de un MWh interrumpido no es, casi nunca, el valor de un MWh dejado de consumir.

¿De red de seguridad a muleta habitual?

El SRAD nació a finales de 2022 con vocación de mecanismo extraordinario, un cinturón de seguridad para momentos de estrés agudo en la red. Sin embargo, la concatenación de seis activaciones consecutivas desde mediados de julio enciende las alarmas sobre el riesgo de convertir la excepción en norma.

Ya lo advertíamos desde el Foro Industria y Energía en enero de 2025, cuando una sola activación del SRAD bastó para plantear la misma pregunta que hoy se repite con más fuerza: ¿estamos normalizando que la industria sea el fusible por defecto del sistema? Año y medio después, la respuesta empieza a intuirse en el propio calendario de activaciones.

Si el sistema eléctrico empieza a depender de la interrumpibilidad industrial como una muleta cotidiana para gestionar los picos de demanda o la volatilidad renovable, estaremos trasladando la responsabilidad de la flexibilidad del sistema a los hombros de la producción real. Normalizar que la industria sea el primer fusible que salta cuando la red se tensa es enviar una señal desalentadora a la inversión industrial.

Por eso, el debate no debería plantearse como una elección entre sistema eléctrico e industria. La industria puede y debe formar parte de la flexibilidad del sistema. Lo que no puede convertirse es en la misma flexibilidad del sistema. Hay una diferencia importante: una cosa es que una planta adapte voluntariamente una parte de su consumo porque tiene capacidad real para hacerlo sin comprometer su proceso productivo, y otra muy distinta es construir un sistema que dependa cada vez más de que determinadas industrias estén preparadas para reducir su actividad cuando fallen otras piezas de la ecuación.

Más flexibilidad, pero también más sistema

La solución no pasa por dejar de utilizar el SRAD. Sería un error prescindir de una herramienta que aporta una capacidad de respuesta valiosa y que, además, permite que la demanda participe activamente en la operación del sistema. La cuestión es qué otros recursos ponemos al mismo nivel de desarrollo.

Más almacenamiento para desplazar energía en el tiempo. Más redes para transportar electricidad allí donde se necesita. Más interconexiones para compartir capacidad de respuesta. Más generación gestionable y reservas adecuadamente dimensionadas. Y, sobre todo, mecanismos de flexibilidad capaces de diferenciar entre los consumos realmente desplazables y aquellos procesos industriales cuyo coste de interrupción es mucho mayor que la retribución que reciben.

La transición energética va a exigir que la demanda sea más flexible. Pero también debe conseguir que el sistema sea suficientemente robusto como para no necesitar esa flexibilidad industrial de forma recurrente. Porque pagar a una fábrica para que reduzca su consumo puede ser una decisión eficiente para el sistema eléctrico, pero si queremos una industria competitiva, electrificada y capaz de invertir a largo plazo, la pregunta de fondo es otra: ¿cuántas veces podemos pedirle que pare antes de que el coste de hacerlo deje de ser excepcional? No deberíamos preguntarnos cuánto puede parar la industria, sino cuánto puede flexibilizarse sin comprometer su competitividad.