• Mientras la normativa intenta optimizar cada megavatio disponible, los datos de capacidad de acceso demuestran que la demanda industrial sigue consumiendo red a una velocidad que ningún parche regulatorio puede seguir.

  • España tiene un problema de infraestructura, y la respuesta regulatoria es, en el mejor de los casos, una gestión inteligente de la escasez, no su solución.

  • La digitalización y la regulación técnica no pueden sustituir indefinidamente a la inversión en infraestructuras físicas. La industria española no puede operar bajo una lógica de “intermitencia consentida”.

27 de febrero de 2026

El MITECO y la CNMC han puesto sobre la mesa dos propuestas que reconfiguran las reglas de acceso a la red eléctrica: el Proyecto de Real Decreto sobre requisitos técnicos de conexión y la Resolución sobre permisos de acceso flexibles. Aunque su objetivo declarado es ordenar el sistema, evitar la especulación y optimizar el uso de infraestructuras, sus efectos sobre la gestión energética de la industria merecen una reflexión más amplia. Estas normas, técnicamente ambiciosas, plantean una duda razonable: ¿estamos ante una solución estructural o ante un sofisticado sistema para gestionar la escasez de infraestructura?

Hay un momento en que la escasez deja de ser un problema de eficiencia y se convierte en un problema de viabilidad. España ha llegado a ese momento. Con el 85,7% de las subestaciones saturadas y una pérdida de casi 3 GW de capacidad en apenas dos meses, la pregunta para una empresa que quiere electrificar su actividad ya no es dónde conviene instalarse, sino dónde puede conectarse.

Mientras la normativa intenta optimizar cada megavatio disponible, los datos de capacidad de acceso demuestran que la demanda industrial sigue consumiendo red a una velocidad que ningún parche regulatorio puede seguir. Lo que estas nuevas normas no hacen, y conviene decirlo con claridad, es crear red nueva. España tiene un problema de infraestructura, y la respuesta regulatoria es, en el mejor de los casos, una gestión inteligente de la escasez, no su solución.

El nuevo paradigma regulatorio: robustez obligatoria y suministro condicionado

La respuesta de la administración ante este embudo técnico se apoya en dos grandes pilares que pretenden reconfigurar el manual de instrucciones del sistema eléctrico. El primero de ellos es la apuesta del MITECO por la robustez obligatoria de las instalaciones de demanda. El Proyecto de Real Decreto impone requisitos mínimos de funcionamiento más exigentes para que los nuevos consumidores soporten perturbaciones severas, como los huecos de tensión, sin desconectarse de la red. La lógica ministerial sostiene que, si las industrias son más resistentes ante los fallos del sistema, se reduce el efecto en cascada que actualmente bloquea la capacidad de acceso en decenas de nudos cercanos. En la práctica, este blindaje tecnológico busca que afloren megavatios de acceso que actualmente están bloqueados por criterios de seguridad dinámica, aunque a costa de trasladar la responsabilidad de la estabilidad del sistema al balance de inversión de las empresas.

De forma paralela, la CNMC ha avanzado en la institucionalización de los permisos de acceso flexibles, una figura que rompe definitivamente con el modelo tradicional de potencia firme y garantizada. Esta herramienta se plantea como una solución de emergencia para proyectos ubicados en zonas saturadas donde la única forma de entrar en la autopista eléctrica es aceptando que, si hay atasco, el consumidor industrial será el primero en ser apartado. Bajo este esquema, una empresa puede obtener su conexión si consiente que su suministro sea limitado o interrumpido por el gestor de la red en momentos de estrés o falta de disponibilidad de la infraestructura. Es, en esencia, la flexibilidad convertida en moneda de cambio para obtener el derecho al enchufe, pero con una letra pequeña que introduce una incertidumbre operativa difícil de digerir para cualquier gestor energético.

El riesgo real para la competitividad reside en que la propia resolución de la CNMC es taxativa al aclarar que esta expectativa de consumo no debe confundirse, bajo ningún concepto, con una garantía de suministro. El nuevo marco establece que las limitaciones de acceso aplicadas no serán consideradas interrupciones a efectos de calidad de servicio, lo que anula cualquier posibilidad de reclamar indemnizaciones por el lucro cesante derivado de las paradas impuestas. Para una planta con procesos continuos, verse obligada a reducir su consumo de forma inmediata o en menos de tres minutos tras una orden del operador supone operar en un escenario de precariedad técnica. Al final, este despliegue normativo permite que más proyectos consigan un permiso de conexión sobre el papel, pero ninguno tendrá la seguridad de disponer de la potencia que necesita en cada momento del día.

Lo que cambia para la industria

Las nuevas propuestas regulatorias persiguen un objetivo legítimo: evitar la acumulación de permisos que no se traducen en proyectos reales y liberar capacidad para iniciativas viables. El problema es que el diseño de los mecanismos para lograrlo puede generar efectos no deseados sobre la industria.

Para entenderlos, hay que partir de un diagnóstico que llevamos tiempo señalando desde el FIE: la red española sigue respondiendo, en gran medida, a la lógica industrial del siglo XX. La capacidad existe, pero no siempre donde la industria actual la necesita. Lo que se requiere no es solo más red, sino una planificación estratégica alineada con la localización real de la actividad productiva y con la flexibilidad que los nuevos modelos industriales exigen. Las normas del MITECO y la CNMC no abordan ese desajuste, sino que se limitan a optimizar lo que hay.

El nuevo marco tiene un efecto inmediato: electrificarse va a costar más. Cumplir con los requisitos técnicos exigidos (sistemas de control, capacidad de respuesta dinámica, almacenamiento propio en muchos casos) supone una inversión adicional que se suma al coste de conexión. Pero el impacto más profundo no es económico, sino operativo. Los procesos industriales continuos (hornos, química, metalurgia, fabricación avanzada) necesitan un suministro estable y predecible. Un permiso flexible que pueda activar restricciones en horas críticas no es lo mismo que un contrato de potencia firme. Para muchos sectores, esa diferencia no es un matiz técnico: es la diferencia entre poder planificar la producción o no poder hacerlo. A esto se suma una asimetría estructural: los permisos flexibles favorecen a quienes pueden adaptarse (centros de datos, producción de hidrógeno, demanda variable) mientras que la industria de proceso continuo queda en una posición comparativamente más débil. El acceso se amplía, pero no en igualdad de condiciones.

Tres riesgos que no deben normalizarse

El primero es el traslado del riesgo operativo. El permiso flexible convierte al consumidor en el amortiguador del sistema. Para una planta industrial, una parada no programada puede suponer pérdidas millonarias o daños en los equipos. Llamar a eso flexibilidad no elimina el riesgo; lo desplaza.

El segundo es la incertidumbre regulatoria. La industria no opera con la lógica de los proyectos de generación. Sus decisiones de inversión responden a planes estratégicos complejos, con horizontes largos de amortización y dependencias de cadenas de valor internacionales. La modificación recurrente de los criterios de acceso no es un detalle administrativo, sino un factor competitivo que puede desviar proyectos hacia territorios con marcos más previsibles.

El tercero afecta a la autonomía de la gestión energética. Al otorgar a los gestores capacidad de limitación remota sobre las instalaciones, surge una pregunta de fondo que no debe eludirse: ¿quién tiene el control sobre la producción? La integración digital es necesaria y bienvenida, pero no puede comprometer la capacidad de la industria para tomar sus propias decisiones operativas.

La postura del FIE: la intermitencia consentida no es una política industrial

Desde el Foro Industria y Energía reconocemos que las medidas del MITECO y la CNMC responden a una urgencia real con los instrumentos disponibles. Gestionar mejor la capacidad existente es preferible a no hacer nada, y la ordenación del acceso es un paso imprescindible para mejorar la eficiencia del sistema.

Pero nuestra posición es firme: la digitalización y la regulación técnica no pueden sustituir indefinidamente a la inversión en infraestructuras físicas. La industria española no puede operar bajo una lógica de “intermitencia consentida”. El acceso a la energía debe ser previsible para ser competitivo, y la planificación eléctrica no puede desvincularse de la planificación industrial. La red debe ser un habilitador de la transformación productiva, no un mecanismo de racionamiento.

Hay además un riesgo que conviene nombrar con claridad: que el nuevo marco normalice una situación que debería ser transitoria. Que la industria acabe asumiendo la congestión y la falta de firmeza del suministro como costes estructurales permanentes, en lugar de exigir que esa congestión se resuelva. Si eso ocurre, España habrá elegido administrar su déficit de red en vez de corregirlo. Y en un entorno de competencia internacional por la inversión industrial, esa elección tiene consecuencias: la incertidumbre inclina la balanza hacia destinos con acceso más predecible.

La flexibilidad debe ser un servicio que la industria preste al sistema de forma voluntaria y remunerada, no la única vía para conseguir un derecho básico como es el acceso a la energía.

La norma ordena el presente. La inversión construye el futuro

La transición energética española no tiene un problema de renovables. Tiene un problema de red. La generación sigue creciendo y ya marca máximos, con 150.902 GWh de producción verde en 2025 según el último informe del Observatorio de Energías Renovables de Opina 360, pero la capacidad de transporte y distribución para llevar esa energía a los polos industriales avanza a otro ritmo.

Los documentos del MITECO y la CNMC son un intento serio de evitar el colapso de una infraestructura al límite. Pero el éxito de la transición no se medirá por cuántas normas se publiquen, sino por cuántas fábricas logren conectarse con garantías reales de seguridad, precio y estabilidad. La norma puede ordenar el presente. Solo la inversión en red puede crear el espacio necesario para el futuro.

La pregunta relevante no es si los nuevos permisos son más o menos flexibles. Es si España tiene una hoja de ruta para construir, con la urgencia que los datos exigen, la red que su industria necesita para las próximas décadas. Esa pregunta, todavía, no tiene respuesta suficiente.